América Latina y El Caribe, 1 de julio de 2023.
Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este manifiesto coincidimos en que el llamado del Gobierno de Colombia convocando a la Primera cumbre tributaria ministerial de la región, abriendo la vía hacia un “Nuevo Pacto Fiscal en América Latina y El Caribe” para construir una tributación global incluyente, sostenible y equitativa desde la región, es una oportunidad política para alinear posiciones en y entre nuestros países y desde el Sur Global. Es también una oportunidad para encontrar un camino de diálogo hacia el logro de soluciones comunes. Necesitamos un espacio de coordinación supranacional que canalice las demandas y formule las propuestas y recomendaciones desde y hacia nuestros países en materia de cooperación sobre política fiscal.
América Latina y el Caribe está afectada por las graves consecuencias de un conjunto de crisis ―reproducción social y cuidado, política, económica, sanitaria, social, climática― que agudizan las desigualdades, la exclusión, la pobreza y el hambre. Ahora más que nunca, la región necesita recursos para invertir en servicios públicos, reducir las desigualdades, asegurar los derechos humanos y garantizar la transición a una economía basada en derechos que proteja el planeta y las futuras generaciones.
Ya no hay más margen para políticas de ajuste y austeridad. En un contexto donde cada vez más personas viven en la pobreza, resulta urgente que los gobiernos de la región reviertan la tendencia de las últimas décadas de priorizar la austeridad, por imposición y sugerencia en muchos casos de los organismos internacionales de crédito, y aumentar los ingresos públicos a través de políticas tributarias progresivas, la lucha contra el abuso fiscal y la eliminación de privilegios fiscales que profundizan la desigualdad. Si bien las reformas tributarias deben adoptarse a nivel nacional, la cooperación regional es clave para la eficiencia y eficacia de su implementación. Además, el desafío de prestar servicios públicos de calidad y el enfrentamiento de retos globales requiere de esfuerzos conjuntos, así como una estructura fiscal internacional que combata el abuso fiscal. La viabilidad de una política fiscal que priorice la igualdad aumenta de manera significativa en un contexto internacional favorable.
En esta línea, el proceso que nace con la Cumbre de Cartagena debe superar los intereses políticos y económicos que históricamente han invisibilizado el debate que la política tributaria internacional necesita. Es urgente movilizar recursos para: a) fortalecer políticas sociales y garantizar sistemas de protección y cuidados inclusivos para el conjunto de la sociedad, que reviertan las desigualdades dominantes; y, b) garantizar servicios públicos robustos, universales y sostenibles e incluyentes, y el ejercicio efectivo de los derechos humanos en condiciones de igualdad. Por esto, exhortamos a los gobiernos, las organizaciones sociales y demás participantes de este proceso replantear la responsabilidad de las regulaciones tributarias internacionales para:
- Construir sistemas tributarios suficientes, progresivos y transparentes.
- Resistiendo las políticas de austeridad impulsadas por la comunidad financiera internacional, ofreciendo sistemas de recaudación tributaria suficientes, eficientes y sostenibles que provean a los Estados de los recursos necesarios para la inversión social que el contexto actual y futuro requiere y requerirá, asegurando los derechos humanos, el acceso a servicios públicos universales y de calidad (salud, educación, sistemas de cuidados, vivienda, etc.), y el desarrollo sostenible.
- Implementando reformas tributarias progresivas, avanzando en la disminución del excesivo peso que tienen los impuestos indirectos en los sistemas tributarios nacionales, estableciendo o fortaleciendo -según sea el caso- impuestos a las riquezas y grandes fortunas, a las altas rentas, al patrimonio, a las ganancias de capital, herencias y bienes suntuarios, promoviendo un impuesto predial a las grandes extensiones de tierra, la posesión de activos ostentosos y las ganancias extraordinarias de sociedades multinacionales, como parte de los esfuerzos nacionales y regionales para eliminar el hambre, la pobreza y las desigualdades.
- Impulsando medidas coordinadas para la tributación de la economía altamente digitalizada y la tributación mínima de las empresas multinacionales que se adecúe más a las tasas nominales de tributación corporativa de la región.
- Adoptando mecanismos tributarios que contribuyan eficazmente a combatir las discriminaciones y desigualdades estructurales en la región, en particular las fundadas en clase, raza y género.
- Impulsando mecanismos vinculantes de transparencia que hagan frente a la evasión, la elusión y el fraude fiscal y al uso de guaridas fiscales, que socavan la inversión social, y el desarrollo productivo de nuestros países, por medio de: registros de beneficiarios finales públicos, intercambios de información multilateral, registros globales de activos, reportes por país públicos, etc.
- Eliminando o redefiniendo incentivos y privilegios fiscales que posicionan el desarrollo económico de grupos particulares e históricamente privilegiados por encima de las necesidades sociales y el combate de la pobreza y la desigualdad; y aumentando la transparencia y la rendición de cuentas en torno a los incentivos fiscales.
- Desarmando el sistema de “puerta giratoria” presente en nuestros gobiernos que tiene como actores centrales al funcionariado y lobistas que defienden intereses corporativos desde la administración pública.
- Acordando un plan de implementación que incluya asistencia técnica entre países para viabilizar la participación de aquellos que no tengan avances en alguna o varias de las iniciativas propuestas.
- Lograr una gobernanza internacional tributaria incluyente con participación genuina del Sur Global.
- Construyendo, promoviendo, impulsando y defendiendo mecanismos de integración y cooperación regional y global que: a) posibiliten a los países de América Latina y El Caribe fortalecerse como actores de peso en los espacios internacionales de negociación sobre temas fiscales; y b) provean real acceso en igualdad de condiciones a los países miembros, y que multipliquen sus voces y demandas sin afectar la autonomía de sus posiciones y/o decisiones.
- Asegurando que los espacios de coordinación tributaria regional promuevan medidas adaptadas a las particularidades regionales, como impuestos mínimos para un perfil de empresas suficientemente amplio y con un cálculo de la base más efectivo, y que consideren los compromisos con la equidad y los derechos humanos que caracterizan a las constitucionales nacionales de la región.
- Reconociendo y evidenciando las iniciativas y espacios vigentes que, como la OCDE y su marco inclusivo, no reflejan las posturas y demandas en materia fiscal para los países de América Latina y el Caribe, y no redundan en beneficios locales sino que en su mayoría van a parar a los países más ricos. Para eso, es urgente fortalecer desde todos los espacios una convención fiscal representativa, como es la propuesta en Naciones Unidas. Mientras tanto, puede promoverse la coordinación de posiciones regionales en las iniciativas y espacios existentes; e impulsarse mejoras en la rendición de cuentas de esos foros, para lograr una participación genuina y de calidad.
- Promoviendo la cooperación Sur-Sur con otras regiones.
- Darle voz a las demandas y necesidades de organizaciones y movimientos sociales implementando mecanismos institucionales de participación social.
- Reconociendo la relevancia de la participación autónoma de los movimientos y organizaciones de la sociedad civil en los debates sobre las agendas de reformulación regional de los sistemas tributarios y de las reglas fiscales, para asegurar la transparencia y legitimidad de las decisiones tomadas en estos procesos.
- Construyendo mecanismos institucionales de participación social que incluyan las voces y demandas de las mujeres y, en general, de las personas más afectadas por sistemas fiscales regresivos e injustos.
- Produciendo y publicando de forma accesible información tributaria de calidad, que permita una participación social genuina y facilite el análisis de los sistemas tributarios desde una perspectiva de derechos humanos (entendiendo, por ejemplo, el impacto diferenciado que tienen sobre distintos grupos).
- Reconocer el impacto de los recursos tributarios para alcanzar justicia en todas sus dimensiones: económica, social, climática, cultural, racial, de género y regional.
- Destacando la responsabilidad de la política tributaria en promover la redistribución y reducir disparidades, en asignar recursos para garantizar derechos, en particular de grupos marginados, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, las comunidades empobrecidas, los pueblos campesinos, las personas LGBTQIAP+ y las personas con discapacidad, entre otros.
- Presentando modelos alternativos de política tributaria que prioricen los derechos humanos, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Esto incluye la economía feminista, el bienvivir, el vivir sabroso, el abordaje decolonial, la justicia climática, la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional como derechos colectivos en los debates a todo nivel.
- Comprometiéndose a que el recaudo adicional que puedan generar futuras reformas tributarias permita reducir los impuestos regresivos mientras se amplían los progresivos, y se asigne expresamente a mejorar el acceso a los derechos humanos en condiciones de igualdad, y no termine siendo redireccionado hacia quienes menos los necesitan.
Organizaciones suscriptoras:


